Por: Ismael García Marcelino. Periódico "La Jornada de Michoacán".

Ya de retirada y con la certeza de no ser alcanzado, un inquilino podría hacer lo que sea con la casa que habitó; más aún si la desocupación devino por una querella, riña o controversia. ¡Pero qué culpa tendrían las paredes!

Próxima al área de los templos y palacios prehispánicos de la otrora capital del imperio tarasco (que más tarde correspondió al señorío de Tzintzuntzan, al arribo de Nuño de Guzmán, en 1521), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha autorizado la construcción de un complejo administrativo cuyo edificio parece todo menos museo de sitio. El propio Consejo de Cultura del Ex Convento de San Francisco, el Cabildo y el representante de Bienes Comunales, han avalado y respaldado el proyecto con el solo enfoque turístico, de acuerdo con lo expresado por el edil del Ayuntamiento.

De la misma manera que es plausible que una institución pública o privada se interese en favorecer el desarrollo de la cultura indígena siempre y cuando no confunda desarrollo de la cultura con exhibición de las manifestaciones artísticas, ni éstas con folclor, es plausible también que se impulse el fortalecimiento de la memoria histórica y, finalmente, la recuperación de la conciencia étnica, a condición de que no se olviden que el sitio arqueológico no se reduce al espacio que ocupan las yácatas –del purhepecha iákata, encimamiento (de piedras, se sobrentiende)– ni a los espacios ceremoniales del entorno en que se asientan.

Hay condiciones dignas de tomar en cuenta: los momentos que conforman la historia local no se reducen a la temporalidad de lo precolombino; ésta convive inexorablemente con la dinámica histórica que sociedades contemporáneas, jóvenes incluidos, van construyendo. El INAH, si acaso lo olvidara, no debe olvidarlo. Hay otra condición: los pueblos indígenas cuentan con el derecho inalienable a ser consultados antes de echar a andar cualquier proyecto que afectare el paisaje urbano; cuantimás tratándose de descomponer basamentos funerarios o trastocar la memoria de nuestros –aquí sí, nuestros– antepasados (no quiero imaginar mi reacción si alguien osara remover, siquiera un poquito, la tierra que cubre la tumba de mi padre).

Tratándose de nuestros abuelos el tema es harto delicado. Sin embargo, el Cabildo municipal no cuenta con un programa de desarrollo cultural que dé sustento a iniciativas como ésta y la regidora que habría de ocuparse de este tema, tiene la figura de Gestión y Fomento, sin mayor claridad en sus atribuciones y sin recursos para impulsar programas de investigación.

La obligación moral de respetar las formas y procedimientos, en el caso de cualquier proyecto sobre los basamentos de la zona arqueológica de Tzintzuntzan o cualquier otro sitio, exige la observación puntual de la ley a cualquier integrante de nuestra sociedad, indígena o no, que estuviere interesado bienintencionadamente en fortalecer la conciencia histórica de un pueblo. El rigor científico de proceder como corresponde exige esto mismo a los especialistas. Las atribuciones administrativas de las autoridades del INAH les impele a revisar si quienes idearon e impulsan el proyecto de construcción-destrucción (no hay forma, se sabe ya, de construir un edificio sin excavar primero), quienes respaldan su ahora dudosa viabilidad, quienes autorizaron su arranque, quienes lo financian, y hasta quienes soslayan sus efectos negativos, cuentan con la estatura moral y científica para responder profesionalmente a los cuestionamientos que ya emanan de su proceder.

Una carta firmada por un grupo de personas serias que conocen del atentado (La Jornada Michoacán, 7/08/12) da cuenta de las razones que les asisten para protestar por el proyecto en ejecución, así llamado museo de sitio. Sería una torpeza estar en contra de su construcción por la sola controversia. Venga, sí, un museo de sitio y otro quizá en Ihuatzio o donde haga falta, pero no en el espacio equivocado, ni sin el respaldo que da la consulta previa e informada del vecindario y la región.

No hay forma de disociar el centro ceremonial de Tzintzuntzan de los de Ihuatzio y Pátzcuaro, así como de la población indígena que subsiste en la ribera del lago. Lo que es lo mismo: que la comunidad en su conjunto diga sí o diga no a la construcción del museo en comento “en pleno uso de sus facultades mentales” y, por supuesto, en pleno ejercicio de su derecho a ser consultados.

La preocupación descansa en el riesgo que corre el patrimonio histórico de que los daños puedan ser irreversibles. El tono del desacuerdo ni siquiera es para detener la obra, sino para exigir que una comisión multidisciplinaria coloque en el orden justo, de acuerdo con su especialidad, las acciones y procedimientos.

El sexenio es un lapso de tiempo tan corto que no importa; importan los siglos que llevan ahí las muestras de nuestro pasado y lo glorioso de nuestros ancestros.