INICIATIVA CHERN.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artculo 115 de la CONSTITUCIN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE ADICIONA LA FRACCIN IX
.

SENADO DE LA REPUBLICA. LXIII LEGISLATURA. MXICO.

SESIN ORDINARIA DE LA H. CMARA DE SENADORES,

CELEBRADA EL MARTES 19 DE ABRIL DEL 2016.

Los suscritos, RAL MORN OROZCO, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, JOS ASCENSIN ORIHUELA BRCENAS, MARA DEL ROCO PINEDA GOCHI, LUISA MARA CALDERN HINOJOSA, ALEJANDRO DE JESS ENCINAS RODRGUEZ, ARMANDO ROS PITER, FLIX BENJAMN HERNNDEZ RUIZ, ZO ROBLEDO ABURTO, FIDEL DEMDICIS HIDALGO, ISIDRO PEDRAZA CHVEZ, Senadores de la Repblica de la LXIII Legislatura del Congreso de Unin, , con fundamento en los artculos 71, fraccin II, 72, 73, fraccin XXV y 78, fraccin III de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fraccin I, 163, fraccin I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la Repblica, se somete a consideracin de esta Soberana la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artculo 115 de la CONSTITUCIN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE ADICIONA LA FRACCIN IX de conformidad a la siguiente:

Exposicin de motivos.

En octubre de 1995, el Gobierno Federal y el Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional (EZLN) iniciaron el debate y la discusin sobre las causas que originaron el alzamiento armado del 1 de enero de 1994: un esfuerzo de dilogo por la paz en el sureste pero tambin por la democratizacin del pas bajo la promesa de incluir a los pueblos y comunidades indgenas. Mxico fue testigo de un dilogo nacional de gran magnitud que tuvo en el centro los Derechos y la Cultura Indgenas, con la participacin, en primer plano, de indgenas, campesinos, intelectuales, religiosos, comunicadores, legisladores y funcionarios, organizaciones sociales, entre otros.

En la primera sesin de los Dilogos de San Andrs Larrinzar, se plante el reconocimiento jurdico y poltico del rgimen autonmico de usos y costumbres de las comunidades indgenas y sus formas de participacin, la reglamentacin del derecho a la informacin para garantizar su acceso a los medios de comunicacin e impulsar la cultura y tradiciones indgenas en los trminos que decidieran las propias comunidades.

El 16 febrero de 1996, despus de una amplia consulta con sus bases de apoyo, el EZLN lleg a un acuerdo con el Gobierno Federal para firmar los Acuerdos sobre Derecho y Cultura indgena, conocido tambin como los Acuerdos de San Andrs Larrinzar, donde se afirmaba la intencin estatal de terminar con la desigualdad, la discriminacin, la explotacin y la exclusin poltica y cultural que histricamente han sufrido los pueblos indgenas.

En noviembre del mismo ao de 1996 se llev a cabo una reunin en la que participaron la Comisin de Concordia y Pacificacin (COCOPA) del Congreso de la Unin, la Confederacin de Nacionalidades Indgenas y el EZLN, con el objetivo de lograr la redaccin de una serie de reformas constitucionales sobre el tema de derechos y cultura indgenas. La propuesta final elaborada por la COCOPA como resultado de estos trabajos no fue retomada por el Legislativo federal sino hasta finales del ao 2000 y principios del 2001, cuando la sociedad civil mexicana mediante varias marchas y manifestaciones de apoyo a los zapatistas demand enfticamente su cumplimiento.

El 1 de diciembre del ao 2000 comenz la Marcha del Color de la Tierra, encabezada por la Comandancia del EZLN con el objetivo de exigir el cumplimento de los Acuerdos de San Andrs. El domingo 11 de marzo, despus de su paso por 12 estados de la Repblica, la dirigencia zapatista y la Marcha del Color de la Tierra arribaron al Zcalo de la Ciudad de Mxico. Durante su estancia en la capital del pas los zapatistas dirigieron sus mensajes al Congreso de la Unin y al Presidente Vicente Fox; la meta principal era el reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indgenas, es decir, la aprobacin por parte del Congreso de la Unin de la iniciativa de Ley sobre Derecho y Cultura Indgenas que haba elaborado la COCOPA, tomando como base los Acuerdos de San Andrs Larrinzar. La Cmara de Diputados aprob un punto de acuerdo en el que conceda a los zapatistas el uso de la tribuna en la Cmara de Diputados de San Lzaro.

Finalmente, un dictamen de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indgenas fue aprobado el 28 de abril del 2001, y en agosto del mismo ao fue publicado, lo que se consider por el CNI como una contrarreforma del artculo 2 Constitucional, llamada as dado que no cumpli con los Acuerdos de San Andrs. La limitacin de esta reforma se dio en muchos rubros, pero en particular, en el relativo a la autonoma indgena, reconocida de tal forma que result un derecho, las ms de las veces, imposible de ejercer de facto por la gran mayora de nuestros pueblos.

Aunque a nivel nacional el Estado mexicano limitaba con esta reforma los derechos indgenas, a nivel internacional haba suscrito desde 1990 el Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indgenas y Tribales en Pases Independientes, que reconoce de manera amplia derechos humanos indgenas fundamentales, como el derecho a la libre determinacin, el derecho a la consulta previa, libre e informada o el derecho al territorio. Sin embargo, a pesar de tener carcter vinculante, tambin fue por muchos aos letra muerta.

No fue sino hasta junio de 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que los limitados derechos reconocidos en el artculo 2 Constitucional se expandieron y complementaron con el contenido del Convenio 169 de la OIT, que ahora entraba al bloque de constitucionalidad junto con otros instrumentos internacionales igualmente importantes para los pueblos indgenas.

En este contexto fue que la comunidad purpecha de Chern, ante una situacin de emergencia debido a la agresin sistemtica y violenta del crimen organizado y de la complicidad de las entonces autoridades municipales, el 15 de abril de 2011 se levant en armas para defender y proteger tanto sus bosques como sus propias vidas. La comunidad de Chern alz la voz para reclamar una vez ms el derecho a la libre determinacin y el hecho innegable de que el reconocimiento de los usos y costumbres eran una deuda pendiente con los pueblos indgenas de Mxico.

Producto de este reclamo, llevado finalmente hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacin, el 2 de noviembre de 2011 mediante la sentencia emitida por este alto tribunal, el Estado mexicano reconoci para Chernpor primera vez en la historia el autogobierno como dimensin poltica y jurdica del derecho a la libre determinacin de los pueblos indgenas, es decir, el establecimiento de un gobierno propio con autoridades nombradas conforme al sistema normativo de usos y costumbres.

La trascendencia de este reconocimiento radica en el contenido del que fue dotado el derecho a la libre determinacin y la autonoma como su expresin poltica. La Sala Superior determin que tal derecho implica cuatro contenidos fundamentales:


  1. El reconocimiento, mantenimiento y/o defensa de la autonoma de los pueblos indgenas para elegir a sus autoridades o representantes acorde con sus usos y costumbres;
  2. El ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prcticas tradicionales, a efecto de conservar y reforzar sus instituciones polticas y sociales;
  3. La participacin plena en la vida poltica del Estado, y
  4. La participacin efectiva en todas las decisiones que les afecten y que son tomadas por las instituciones estatales, como pueden ser las consultas previas con los pueblos indgenas en relacin con cualquier decisin que pueda afectar a sus intereses.

Este contenido se materializ en el proceso de nombramiento de las autoridades municipales del municipio de Chern de acuerdo a sus usos y costumbres, y se instal el 5 de febrero de 2012 al Concejo Mayor de Gobierno Comunal como autoridad representante del municipio.

Dos aos despus, en mayo de 2014, el municipio purpecha de Chern, constituido a la luz del autogobierno como expresin poltica del derecho a la libre determinacin, gan en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin un juicio de controversia constitucional contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de Michoacn. En dicho resolutivo, el mximo tribunal del Estado mexicano habl por primera vez de este municipio indgena y le reconoci a Chern el mismo estatus jurdico que el del Municipio Constitucional, pero incluyendo adems dentro de sus competencias, la de defender y velar por el funcionamiento y continuidad del sistema de usos y costumbres a la luz del cual son constituidas las municipalidades indgenas.

Este reconocimiento debe profundizarse, ya que existen todava vacos constitucionales que obligan al Poder Legislativo a legislar en la materia. Los avances son importantes no slo en Mxico, tambin en otros pases latinoamericanos que tambin estn transitando de un Estado homogneo a un Estado plural, como caracteriz a este proceso el filsofo mexicano Luis Villoro.

Es en este contexto que se puede entender la afirmacin del investigador Francisco Lpez Brcenas: en Amrica Latina y en Mxico es tiempo de autonomas. Este proceso histrico que lleva como demanda el reconocimiento de los gobiernos de usos y costumbres es descrito e nivel latinoamericano por Lpez Brcenas de la siguiente manera: El reclamo se posicion como demanda central de los movimientos indgenas en la dcada de los noventas del siglo XX y se consolid a principios del siglo XXI. No es que antes no existiera, al contrario, desde la poca de la conquista *espaola en unos casos, portuguesa en otros* hasta la consolidacin de los estados nacionales, desde las rebeliones de Lautaro, en tierras mapuches, Tupac Amaru, Tupac Katari y Bartolina Sisa, en tierras andinas, hasta las de Jacinto Canek en tierras mayas contra el poder colonial; pasando por las de El WillkaPablo Zarate en Bolivia, o las de Tetabiate y Juan Banderas entre los pueblos yaquis de Mxico, durante la poca republicana, o las de Emiliano Zapata en Mxico y Manuel Quintn Lame en Colombia, durante el siglo XX, hasta la rebelin del Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional, tambin en tierras mayas, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, las luchas de resistencia y emancipacin de los pueblos indgenas han estado permeadas por las reivindicaciones autonmicas; no siempre con ese nombre, pero s con los mismos proyectos utpicos, que pasan por ser pueblos con derechos plenos, territorios, recursos naturales, formas propias de organizacin y de representacin poltica ante instancias estatales, ejercicio de la justicia interna a partir de su propio derecho, conservacin y desarrollo de sus culturas y elaboracin y ejecucin y puesta en prctica de sus propios planes de desarrollo, dentro de sus demandas ms significativas.

Y esta tendencia autonmica en las comunidades y pueblos indgenas de Mxico est relacionada directamente con la seguridad humana y la misma democracia, as como con la plena articulacin a un pacto nacional que reconoce la pluralidad cultural de los pueblos que componen Mxico. Segn el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), es en 12 estados de la Repblica, en las regiones Centro, Sur y Sureste, que se concentra el 90 por ciento de la poblacin que habla una lengua indgena. En Chiapas y Oaxaca reside ms de una tercera parte el 34.9%, de la poblacin hablante de lengua indgena; en Puebla el 8.9%, en Yucatn el 7.9%, en Guerrero el 7%, en el estado de Mxico el 5.5%, en Hidalgo el 5.3 por ciento, en Veracruz el 9.6%, en San Luis Potos el 3.7%, en Quintana Roo el 2.9 y en Michoacn el 2.0 %.

La diversidad lingstica en nuestro pas corresponde con nuestra diversidad cultural pero no siempre con el reconocimiento de una diversidad poltica y jurdica, entendida actualmente bajo la doctrina del pluralismo jurdico: la convivencia y complementariedad de diferentes rdenes jurdicos que de facto se articulan en Mxico no ha encontrado su completo reconocimiento formal en nuestras leyes y en la misma Constitucin.

El reconocimiento de gobiernos municipales de usos y costumbres en Mxico es parte de un nuevo momento democratizador que es estrictamente necesario impulsar en nuestro pas: se vincula a la historia de cada pueblo y comunidad para definir su propia autonoma y su plena articulacincomo parte del mismo pacto federal desde el mbito municipal.As lo expresa el antroplogo Hctor Daz Polanco: Los rasgos especficos de la autonoma estarn determinados, de una parte, por la naturaleza histrica de la colectividad que la ejercer, en tanto est ser el sujeto social que, con su accin, a fin de cuentas la convertir en realidad histrica, y le dar vida cotidiana; y, de otra, por el carcter sociopoltico del rgimen estatal*nacional en que cobrar existencia institucional y prctica, por cuanto la profundidad de las conquistas, las facultades asignadas y, en suma, el grado de autogobierno reconocido, en su despliegue concreto depender en gran medida de la orientacin poltica y el sistema democrtico vigentes.

Muchos pueblos y comunidades indgenas, a lo largo y ancho del pas, llevan ms de dos dcadas en el proceso actual de construccin de las condiciones para ejercer su autonoma. En Oaxaca, que experimenta el proceso ms intenso en el pasenconstruccin de gobiernos de usos y costumbres, de los 570 municipios que existen, 418 eligen sus autoridades por el sistema de usos y costumbres y 152 por el de partidos polticos; de los 418 ayuntamientos que se rigen por el derecho consuetudinario, 330 duran en su cargo tres aos. Ayutla de Los Libres, Guerrero, las 138 comunidades que lo integran, ha sido uno de los ltimos municipios que decidi mayoritariamente su decisin de elegir a sus autoridades y gobernarse bajo el sistema normativo de usos y costumbres.

Por ltimo, se debe considerar que Mxico ha manifestado a nivel internacional su compromiso con el desarrollo de los pueblos indgenas y ha firmado diferentes tratados y protocolos en la materia. El ms importante por su carcter pionero ha sido el ya citado Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) que se aprob en Ginebra, Suiza, el 27 de junio de 1989. Este convenio lo ratific el Senado de la Repblica, el 11 de julio de 1990 y se expidi el decreto el 3 de agosto de 1990 en el Diario Oficial de la Federacin. El Estado mexicano registr la ratificacin el 4 de septiembre de 1990, en Ginebra, Suiza.

El Convenio 169 de la OIT, elevado a la categora de tratado internacional en Mxico, reconoce los usos y costumbres de los pueblos indgenas. Este instrumento jurdico constituy un gran avance a nivel internacional en lo que se refiere a la formalizacin jurdica de los usos y costumbres de las comunidades indgenas.

Los Estados Parte que ratificaron dicho convenio se obligan a cumplirlo y tienen la obligacin de rendir informes para avalar dicho cumplimiento. Algunos de los derechos que los Estados Parte estn obligados a reconocer son los siguientes:

-El derecho de los pueblos indgenas a la proteccin de sus lenguas, usos, costumbres, cultura, forma de organizacin social que les permita fortalecer su identidad. *

-El derecho de libre determinacin de estos mismos pueblos, y de establecer su condicin poltica,su desarrollo econmico, social y cultural.

-El reconocimiento de la personalidad jurdica de los pueblos indgenas, con los rganos de decisin que ellos mismo se asignen. *

-El derecho a la proteccin de la integridad de las tierras indgenas, que se garanticen los usos y costumbres en lo que se refiere a las formas de organizacin de la explotacin de las tierras, aguas y bosques. *

-El Estado se obliga jurdicamente a garantizar y salvaguardar los usos y costumbres de las comunidades indgenas, as como el respeto a sus derechos y seguridad. *

-En lo que se refiere a los procedimientos judiciales, el Estado se obliga a respetar la cultura, usos y costumbres de los indgenas, tomando en cuenta, sus caractersticas econmicas y sociales.

La reforma al artculo 115 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos indgenas que hoy presentamos propone que se armonice el artculo 115 de nuestra Carta Magna, que se refiere al rgimen poltico y jurdico de los Estados de la Federacin y que sienta las bases del Municipio, en los trminos del mismo artculo 2 constitucional, el cual establece:

El derecho de los pueblos indgenas a la libre determinacin se ejercer en un marco constitucional de autonoma que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indgenas se har en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que debern tomar en cuenta,adems de los principios generales establecidos en los prrafos anteriores de este artculo, criterios etnolingsticos y de asentamiento fsico.

Esta reforma tambin pretende incorporar a la Constitucin el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia mediante sentencia emitida el 2 de noviembre de 2011 ante la controversia constitucional presentada por el municipio de Chern, dicha sentencia estableci el derecho a la libre determinacin y la autonoma como la expresin poltica de esta comunidad y que postula cuatro contenidos fundamentales, entre los que se encuentra:

El ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prcticas tradicionales.

Lo anterior implica elevar a rango constitucional la autonoma del municipio de usos y costumbres, y asegurar su plena incorporacin al Estado mexicano en trminos de la unidad nacional, al permitirles el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, a efecto de conservar y reforzar sus instituciones polticas y sociales.

Lo anterior evitar que se les d el tratamiento de Municipio Libre en trminos de derechos y obligaciones de su funcin administrativa, exigindoles figuras orgnicas y estructurales que no son propias de su naturaleza jurdica, lo que les genera una serie de problemas en sus gestiones y funcionamiento, con la consecuente repercusin deficitaria en respuestas a trmites y gestiones, as como la obtencin de beneficios a favor del bienestar social.

Por lo que esta iniciativa permitir dar certeza jurdica a sus acciones de gobierno y propiciar su dinamismo administrativo en sus relaciones con los gobiernos estatales y federal.

Sin duda estas modificaciones representan un avance en el nuevo ciclo de derechos inter*culturales, en los mismos derechos humanos de los pueblos y comunidades indgenas, son parte de una nueva realidad a nivel municipal abierta por los reconocimientos jurdicos sealados en este exposicin de motivos.

No slo se presenta una reforma que reconoce los derechos de los pueblos indgenas en aquellos municipios que se rigen por el sistema normativo de usos y costumbres, es tambin una puesta al da en materia constitucional del marco jurdico para que estos gobiernos municipales tengan certeza tanto en sus derechos como en sus obligaciones.

La presente Iniciativa de reforma es producto del consenso de las asambleas en la comunidad de Chern; de una exigencia de reconocimiento de derechos de pueblos y comunidades indgenas en todo el pas; de la necesidad de armonizacin del texto constitucional con el contenido de instrumentos internacionales que regulan esta materia para garantizar los derechos polticos a los pueblos y comunidades indgenas de Mxico; adems, incorporaa a nuestra legislacin el novedoso criterio emitido por la Corte en esta materia como resultado de la proteccin de derechos humanos de los pueblos indgenas de Mxico.

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideracin de esta Soberana la siguiente iniciativa:

DECRETO

Por el cual se adiciona y reforma el artculo 115 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes trminos:

Artculo 115. Los estados adoptarn, para su rgimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrtico, laico y popular, teniendo como base de su divisin territorial y de su organizacin poltica y administrativa, el municipio libre y el municipio indgena, conforme a las bases siguientes:

I.* Cada Municipio ser gobernado por un Ayuntamiento de eleccin popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el nmero de regidores y sndicos que la ley determine. En el caso de los municipios indgenas podrn ser gobernados por una forma de gobierno que se adece a sus usos y costumbres y, a principios interculturales de democracia y derechos humanos.

La competencia que esta Constitucin otorga al gobierno municipal o por la estructura de gobierno por usos y costumbres se ejercer por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habr autoridad intermedia alguna entre ste y el gobierno del Estado.

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrn suspender ayuntamientos o gobiernos por usos y costumbres, declarar que stos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03*02*1983) alegatos que a su juicio convengan.

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayora de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarn de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirn los perodos respectivos; estos Concejos estarn integrados por el nmero de miembros que determine la ley, quienes debern cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores;en el caso de los municipios indgenas gobernados por usos y costumbres este procedimiento se tendr que ajustar al derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indgenas.

II.* Los municipios o los gobiernos municipales por usos y costumbres estarn investidos de personalidad jurdica y manejarn su patrimonio conforme a la ley.

Los ayuntamientos o los gobiernos municipales por usos y costumbres tendrn facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que debern expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de polica y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administracin pblica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios pblicos de su competencia y aseguren la participacin ciudadana y vecinal.

El objeto de las leyes a que se refiere el prrafo anterior ser establecer:
a)
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos o de los gobiernos por usos y costumbres para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento o de los gobiernos por usos y costumbres;
c)
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una funcin o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate este imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, ser necesaria solicitud previa del ayuntamiento o del gobierno por usos y costumbres respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y
e)

III.*
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h) Seguridad pblica, en los trminos del artculo 21 de esta Constitucin, polica preventiva municipal y trnsito.En el caso de los municipios indgenas que se rigen por usos y costumbres, se observar lo dispuesto en el artculo 2 de esta Constitucin, por lo que esta funcin y servicio se ejercer bajo el cuerpo de seguridad que as lo determinen en los trminos de su autonoma;

IV
a)
b)
c)

Los ayuntamientos o los gobiernos por usos y costumbres, en el mbito de su competencia, propondrn a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. (reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federacin el 23 de diciembre de 1999).

Las legislaturas de los Estados aprobarn las leyes de ingresos de los municipios, revisarn y fiscalizarn sus cuentas pblicas. Los presupuestos de egresos sern aprobados por los ayuntamientos o los gobiernos por usos y costumbres con base en sus ingresos disponibles, y debern incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores pblicos municipales, sujetndose a lo dispuesto en el artculo 127 de esta Constitucin.
Los recursos que integran la hacienda municipal sern ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, por los gobiernos por usos y costumbres, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

V
VI
VII...
VIII

IX.* Se reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indgenas para gobernarse a nivel municipal mediante sus usos y costumbres, contando, segn lo dispuesto por el artculo 2 de esta Constitucin, con autonoma administrativa y jurdica en sus instituciones y prcticas.

Las autoridades de los municipios indgenas gobernados por usos y costumbres sern electos por un periodo no mayor de tres aos.

X.* Las comunidades indgenas que constituyan submunicipalidades tendrn derecho, en ejercicio de su autonoma establecida en el artculo 2 de esta Constitucin, de administrar directamente los recursos pblicos que de manera equitativa les correspondan, sin la intermediacin de los ayuntamientos o de los gobiernos municipales por usos y costumbres, atendiendo los controles de fiscalizacin necesarios.

Saln de Sesiones del Senado de la Repblica, Mxico, a 19 de abril de 2016.


Conferencia de prensa ofrecida por el senador Ral Morn Orozco, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar acerca de la iniciativa Chern y por la cual se reforma el artculo 115 constitucional.