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Tema: Crnica de una reforma indgena fallida en Michoacn

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    Crnica de una reforma indgena fallida en Michoacn



    Crnica de una reforma indgena fallida en Michoacn




    Mara del Carmen Ventura Patio.[1] Espiral. Centro de Estudios Rurales, El Colegio de Michoacn. Vol. XVI No. 46  Septiembre / Diciembre de 2009.








    Presentacin.[2]




    De acuerdo a la reforma federal del 2001 en materia indgena son las constituciones y leyes de las entidades federativas las que establecern las caractersticas de libre determinacin y autonoma que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indgenas en cada entidad. Sin embargo, a cuatro aos de su aprobacin slo el estado de San Luis Potos ha realizado modificaciones a su constitucin y ha elaborado una Ley reglamentaria sobre derechos y cultura indgena. Por su parte, el gobierno de Michoacn inici un proceso con ese mismo objetivo, pero, por diversas razones no lleg a buen trmino, a pesar de que haba aparentemente un contexto poltico favorable.




    En este documento hacemos un recuento del proceso fallido de la Reforma Indgena en Michoacn, desde la creacin de la Comisin para la Reforma Indgena en Michoacn[3], las Mesas de Trabajo y los Foros de Consulta, hasta la discusin en el Congreso del Estado. As tambin, exponemos algunos elementos de anlisis de las distintas propuestas de reforma indgena que presentaron en su momento la Organizacin Nacin Purhpecha (ONP) y los integrantes de la Comisin. Del mismo modo, incluimos las diferentes versiones de la propuesta de reforma indgena hasta convertirse en Iniciativa presentada por el PRD al Congreso, as como los puntos que generaron mayor debate al interior de este espacio legislativo. Por ltimo, intentamos llamar a la reflexin sobre ciertas reformas que son posibles jurdicamente a pesar de lo restringido del marco legal nacional, puesto que han sido aprobadas por algunas legislaturas estatales.




    Antecedentes.




    La Constitucin de Michoacn fue una de las que se reformaron, en el marco de la propuesta Zedillista de 1998, incorporando un prrafo a su artculo 3ero, que seala:




    La ley proteger y promover dentro de la estructura jurdica estatal, el desarrollo de las culturas, recursos y formas especficas de organizacin social de las etnias asentadas en el territorio de la Entidad, y garantizar a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdiccin del Estado. Dentro del sistema jurdico, en los juicios y procedimientos en que alguno de los miembros de esas etnias sea parte, se tomarn en cuenta sus prcticas y costumbres jurdicas de manera estricta en los trminos establecidos por la ley, sin romper el principio de igualdad, sino, por el contrario, procurando la equidad entre las partes.




    Dicha modificacin se queda en el plano declarativo, su alcance no va ms all del mbito jurdico establecido, por lo que, es una reforma que no reforma nada. En lo que se refiere al acceso a la jurisdiccin del estado, ste constituye un derecho ya reconocido para todos los ciudadanos, por tanto, no reconoce ningn derecho especfico como pueblos. En materia de justicia se nulifica el derecho que pretende reconocer al sealar que se tomar en cuenta sus prcticas y costumbres jurdicas en los procedimientos judiciales, en los trminos establecidos por la ley.




    Posteriormente en el 2001 se hicieron algunos cambios a la Ley Orgnica Municipal, consistentes en: 1) La creacin de una Comisin de Asuntos Indgenas, en [municipios] donde exista poblacin indgena[4]; 2) [...] los Ayuntamientos protegern y promovern el desarrollo de sus lenguas, culturas usos, costumbres, recursos y formas especficas de organizacin social, de acuerdo con la Constitucin Poltica de los Estado Unidos Mexicanos, Constitucin Poltica del Estado y dems leyes aplicables. As mismo, promovern que la educacin bsica sea, tanto en espaol como en la lengua indgena madre[5]; y 3) En los planes de desarrollo municipales se establecern los programas, proyectos y acciones tendientes al desarrollo y bienestar de los pueblos indgenas, respetando sus formas de produccin, comercio, de los usos y costumbres en general, y tomando en cuenta su opinin a travs de sus rganos tradicionales de representacin[6]. Como vemos, ambas modificaciones, la estatal y municipal, constituyen reformas bastante tibias que en la prctica no han tenido ninguna trascendencia en la vida de los pueblos y comunidades indgenas en el estado.




    De alguna manera, el arribo de Lzaro Crdenas Batel al gobierno de Michoacn gener muchas expectativas sobre la aprobacin de una legislacin que reconociera los derechos de los pueblos indgenas, a pesar del voto que emiti a favor de la cuestionada Ley de Derechos y Cultura Indgena en el Senado, en abril de 2001. Acto que fue motivo de fuertes crticas por parte de las comunidades indgenas, durante su campaa al gobierno del estado y, ante quienes se comprometi dar respuesta a sus demandas.




    As, en un evento realizado a escasos dos meses de haber tomado posesin de su cargo, la Organizacin Nacin Purhpecha (ONP) le entreg una propuesta de reforma indgena denominada Ley de Derechos de los Pueblos Originarios del Estado de Michoacn de Ocampo. Documento elaborado por miembros de los pueblos: purhpechas, nahuas, mazahuas y ahs. Quienes manifestaron que tenan la esperanza de que como primer gobernador no prista tuviera la voluntad poltica de enviarla como Iniciativa del ejecutivo para su aprobacin en el Congreso (Ramrez, 2002). Propuesta que analizaremos ms adelante.




    Una de las primeras acciones en materia indgena de Crdenas Batel fue la creacin de la Coordinacin Interinstitucional de Atencin a Pueblos y Comunidades Indgenas del Estado de Michoacn,[7] a fines del 2002. Instancia que fue integrada en su mayora por indgenas, algunos de ellos pertenecientes a la ONP y a la Nacin Purhpecha Zapatista (NPZ).[8] Su tarea inicial fue organizar foros regionales de consulta para elaborar el Plan de Desarrollo Integral del Estado, para el ejercicio del 2003. Foros en los que sali a relucir como demandas compartidas por un gran nmero de comunidades: la creacin de municipios indgenas y el reconocimiento de la comunidad como un cuarto nivel de gobierno.[9]




    Posteriormente la Coordinacin Interinstitucional promovi la creacin del Consejo Consultivo de Autoridades Indgenas,[10] conformado por 66 autoridades (propietarios y suplentes) civiles y agrarias de los cuatro pueblos;[11] como representantes de diez micro regiones, conformadas cada una por tres cuatro municipios. Segn el decreto que dio origen al Consejo Consultivo, ste tiene la funcin de coadyuvar en el diseo, planeacin, programacin y definicin de polticas pblicas en materia indgena, as como la facultad de realizar y presentar Iniciativas de Ley al Congreso en esa materia.[12] Sin embargo, hasta el momento, el Consejo Consultivo no ha ejercido tales funciones, ni siquiera la que se refiere a las polticas pblicas, situacin que cuestiona seriamente su carcter de ser realmente un rgano de decisin y de participacin de los pueblos indgenas en el estado.




    Con el objetivo de empezar a delinear el proceso tendiente a elaborar una reforma indgena, en agosto de 2003, el gobierno del estado a travs de un funcionario de la Secretara de Planeacin y Desarrollo (Seplade), inici una serie de reuniones a las que acudieron funcionarios de distintas dependencias, el titular de la Coordinacin interinstitucional, el diputado perredista Elesban Aparicio, presidente de la Comisin de Cultura Indgena del Congreso y algunas personas interesadas en el tema. A invitacin del diputado, un equipo de investigadores de El Colegio de Michoacn (Colmich)[13] empez a asistir y a participar en los trabajos.[14] A este grupo mixto se le denomin ms tarde Comisin para la Reforma Indgena en Michoacn. Desde un inicio El Colmich propuso que se invitara a participar en la Comisin a representantes de organizaciones indgenas, pero la respuesta de los representantes del gobierno del estado fue que su participacin sera en los espacios de debate. ste punto y otros que se presentaron durante el desarrollo de los trabajos constituyeron ms tarde en argumentos de reclamo por parte de las organizaciones al gobierno del estado.




    El acuerdo inicial de la Comisin fue disear un proceso que concluyera con la elaboracin de una propuesta de reforma indgena integral, es decir, que comprendiera un conjunto de reformas en materia educativa, judicial, electoral, municipal, entre otras, adems de reformas a las leyes secundarias y a la normatividad de las instituciones; como resultado de un amplio debate y de una profunda consulta a las comunidades.




    Con esta finalidad, durante noviembre de 2003 y marzo de 2004, se efectuaron mesas de trabajo que abordaron distintas temticas: Marco constitucional y reforma jurdica; Educacin y cultura; Administracin de justicia; Salud; Tierra, territorio y recursos naturales; Desarrollo regional; Poltica y derechos comunitarios y, dos ms, que no estaban programadas pero que se desarrollaron ms adelante, una referente a la problemtica de las Mujeres indgenas y otra que abord el tema de la Universidad indgena.




    En algunos lugares, como en La Caada de los once pueblos, se solicit adicionalmente a las mesas de trabajo, la realizacin de talleres comunales en los que se les explicara el Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), los Acuerdos de San Andrs y la propuesta de la Cocopa; lo que evidencio la carencia de un necesario proceso de informacin que debi realizarse previamente. A pesar de ello, las mesas fueron ms o menos concurridas, algunas ms que otras, pero en general podemos decir que hubo una participacin importante de miembros de comunidades y de organizaciones, quienes reiteraron sus viejas demandas locales pero tambin presentaron propuestas especficas.




    Por su parte, el gobernador se comprometi pblicamente a que los documentos presentados en estas mesas seran materia prima para la elaboracin de una propuesta de reforma indgena integral. Pero a escaso mes y medio de que concluyeran los trabajos, el representante de Seplade convoc a la Comisin para sealar que no haba tiempo para sistematizar la informacin, debido al cercano proceso electoral para renovar el Congreso local y las presidencias municipales a realizarse a principios de noviembre de 2004, por lo que habra que centrarse en la redaccin de una propuesta nicamente de reforma constitucional; dejando para otra legislatura las leyes secundarias, incluida la ley en materia indgena y las normas a las instituciones.




    En los trabajos de la Comisin se presentaron tres propuestas, dos por parte de los asesores del gobierno y la otra por el equipo del Colmich. Una de las propuestas de los asesores era casi una copia fiel de la reforma de San Luis Potos (SLP), mientras que la otra propuesta trat de ser un hbrido de la reforma federal, retomando algunos puntos de la de SLP y otros puntos de la propuesta del equipo del Colmich.




    Hasta esta etapa no se involucr al Consejo Consultivo, slo se inform en una de sus reuniones[15] que se haban iniciado los trabajos para elaborar una Iniciativa de reforma en materia indgena, sin dar el espacio para preguntas o comentarios y sin proponer su participacin activa en el proceso.




    En un par de meses los asesores del gobierno del estado definieron la redaccin final de la propuesta, sobre la cual se delinearon temticas generales que sirvieron de gua para la realizacin de un proceso de consulta bastante cuestionado.[16] La consulta comprendi poco ms de un mes, tiempo en el que se efectuaron diez foros micro regionales y cuatro foros regionales. Estos eventos no contaron con la misma asistencia que las mesas de trabajo, lo que oblig a que algunos fueran reprogramados. La organizacin as como el desarrollo de los trabajos estuvo a cargo de la Coordinacin Interinstitucional, que se apoy en la estructura organizativa del Consejo Consultivo.




    La dinmica consista en leer un folleto que contena lineamientos generales como, por ejemplo, el de la representacin indgena ante el ayuntamiento, se preguntaba si se estaba o no de acuerdo y se trataba de promover la participacin sobre ese punto. Al final de cada foro los funcionarios deban levantar un acta con las firmas de los asistentes. De nueva cuenta en La Caada de los once pueblos los indgenas se negaron a firmar el acta y criticaron, adems, la labor de la Coordinacin Interinstitucional.




    No obstante, al foro regional realizado en Paracho acudieron un buen nmero de comunidades de la regin purhpecha, dirigentes de la ONP, el representante de Seplade y el titular de la Coordinacin Interinstitucional y asesores del gobierno del estado. Los asistentes cuestionaron el proceso y la orientacin de la propuesta, por su parte, el representante de Seplade con un discurso bien argumentado gener cierto clima a favor. Sin embargo, ms adelante, solicitaron al titular de la Coordinacin Interinstitucional que presentara la versin completa de la propuesta de reforma, peticin que no tuvo ms remedio que aceptar, comprometindose a entregarla a las dos semanas siguientes en una reunin, a la que nunca acudi.




    Un mes despus se llev acabo la asamblea del Congreso Nacional Indgena (CNI) de la regin Centro Pacfico en la comunidad de Ocumicho, organizacin de la que son miembros la ONP, NPZ y la Unin de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ). Respecto al proceso en Michoacn, acordaron en su sesin plenaria: 1) Cuestionar el proceso de consulta; 2) Rechazar la reforma y; 3) Exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrs.




    Comentarios a las propuestas.




    Queremos sealar que las propuestas, en lo general, nos parecen interesantes y, en algunos aspectos, creativas, las cuales buscan de cierta manera expandir los derechos de los pueblos indgenas en Michoacn frente al restringido marco jurdico nacional. Sin embargo, tambin creemos necesario subrayar algunos elementos que deben ser materia de mayor reflexin y anlisis. Es con esta orientacin que hacemos las siguientes observaciones y preguntas.




    Ley de Derechos de los Pueblos Originarios del Estado de Michoacn de Ocampo.




    Sobre el documento de la ONP[17] slo mencionaremos algunas consideraciones y puntos que nos parecen ms relevantes. En principio, la propuesta se centra en la formulacin de una Ley en materia indgena y no en un conjunto de leyes que permitan una coherencia en distintos mbitos, electoral, judicial, municipal, etctera. La definicin de pueblos originarios, y por tanto los sujetos de derecho de dicha ley, slo contempla a los Nahuas, Mazahuas, ahs y Purpechas, dejando de lado a indgenas pertenecientes a otros pueblos con presencia en el estado; como por ejemplo los Mixtecos que se encuentran en la costa, los Zapotecos y Amuzgos, entre otros.




    Por otro lado, una de sus propuestas centrales es la creacin de un Consejo de Pueblos Originarios de Michoacn (CPOM) como mximo rgano de decisin y deliberacin de los cuatro pueblos en el estado, con personalidad jurdica, patrimonio y recursos econmicos propios asignados por la federacin, estado y municipio. De cierta manera, con la creacin del Consejo Consultivo, el gobierno de Michoacn busc dar respuesta a la necesidad de constituir una instancia de representacin, aunque con un carcter muy distinto al que propone la ONP, sus funciones estn mucho ms acotadas y se mantiene la tutela del Estado.




    En su artculo 8 se seala que los derechos establecidos en dicha Ley sern ejercidos directamente por los indgenas a travs de sus representantes en el CPOM, ante las autoridades federales, estatales y municipales; ninguna otra autoridad o instancia podr representarlos bajo ninguna circunstancia. El CPOM tambin tendr la facultad de conocer y resolver en calidad de sentencia y como cosa juzgada los conflictos agrarios existentes entre las comunidades.




    En la propuesta tambin se define a las autoridades comunales como personas morales que hacen operar los sistemas normativos, punto en el que no hay ms especificacin y el cual es importante que se desarrolle con ms claridad, pues no se sabe si se refiere a las autoridades agrarias o tradicionales, en las que pueden estar incluidas cabildos, consejo de ancianos, jueces u otros integrantes del sistema de cargos. De igual modo, cabe definir el papel de las autoridades tradicionales, puesto que no aparecen dentro de la estructura de gobierno del CPOM. De ah que, no sobra preguntar, Cul ser su mbito de competencia y su jurisdiccin? Cmo se piensa reconocer, respetar e integrar a las instituciones poltico-religiosas existentes en las comunidades, al igual que las formas de organizacin poltica?.




    En lo que se refiere al ejercicio de la autonoma, sta incluye el nivel local, municipal y regional en los mbitos social, poltico, jurdico, econmico, territorial y cultural. Comprende la asociacin comunal ms all del mbito municipal, as como la asociacin de municipios (circunvecinos) para el desarrollo de programas sustentables en beneficio de los pueblos originarios. Aspecto que representa una alternativa legal y un mecanismo que pudiera propiciar la reconstitucin como pueblos.




    Se propone una remunicipalizacin y una redistritacin electoral que conserve y proteja la organizacin poltico territorial y garantice la representacin indgena en las diputaciones de mayora relativa. Tambin, como parte de estos derechos polticos se plantea que deber garantizarse una representacin hasta de un 15% de las diputaciones por la va de la representacin proporcional, quienes sern propuestos no por partidos sino por el CPOM, previo consentimiento de las comunidades originarias y con acuerdos de asambleas comunales. Estamos de acuerdo con la intencin de garantizar una presencia indgena en el Congreso local, pero para lograrla puede pensarse en vas alternativas o bien complementarias, que hay que evaluar. Habra, por ejemplo, que repensar la propuesta de redistritacin y el papel previsto para el CPOM, que por lo expuesto tendra un papel muy parecido al de un partido con un virtual monopolio sobre la representacin indgena, lo cual merece mayor debate, precisamente porque ste constituye uno de los aspectos que han sido motivo de fuertes crticas respecto a los partidos al interior de las comunidades.




    En ese sentido, una alternativa para las elecciones locales podra ser las candidaturas independientes o quiz partidos municipales, como instrumentos que contribuyan a construir una democracia local y a romper con los monopolios de la representacin y participacin poltica. En todo caso, podran dejarse abiertas las alternativas jurdicamente, para que sean los miembros de las comunidades quienes decidan la mejor opcin (Documento de trabajo, 2003).




    En materia judicial se propone la creacin de un Tribunal de los Pueblos Originarios, dependiente de este organismo, y la convocatoria de un Congreso sobre Derechos y Justicia a fin de deliberar sobre el contenido y alcance de la justicia indgena, que comprendera derechos y garantas sociales de los individuos, comunidades y pueblos originarios, as como la tipificacin de delitos y las sanciones correspondientes. Lo cual resulta un tanto delicado, en el sentido de que se pretende no slo codificar el derecho consuetudinario sino tambin constituir un solo derecho, desconociendo, por un lado, la diversidad de las normas, procedimientos y prcticas existentes en las comunidades y por otro, a la constante reelaboracin a las que estn sujetas con el tiempo (Guardino, 1999: 4). Lo anterior no exime de la necesidad de reflexionar sobre algunas prcticas con relacin al respeto de las garantas individuales y derechos humanos, en particular de las mujeres, nios y ancianos, situacin que no es exclusiva de los pueblos indgenas sino de la sociedad mexicana en general.




    En lo que se refiere a la educacin se propone que el gobierno del estado en coordinacin con el CPOM, proporcione una educacin bilinge e intercultural, incluyendo desde el nivel bsico hasta el superior. De igual manera, debern elaborarse y ejecutarse los planes y programas educativos.




    Por otro lado, se establecen como derechos sociales: mantener la identidad tradicional, la propiedad de sus patrimonios culturales e intelectuales, practicar sus ceremonias religiosas y, establecer sus propios medios de comunicacin, entre otros.




    Sobre los recursos naturales se reconoce el derecho al acceso pleno, a la explotacin y cuidado de sus territorios; agregando que no se podr otorgar concesin a particulares o sociedades mercantiles sin la aprobacin del CPOM. Al respecto, nos preguntamos por qu, s, por ejemplo, en los derechos polticos van ms all del orden poltico-administrativo existente, en lo que se refiere a los derechos territoriales no proponen que sean los miembros de las comunidades los que tengan la facultad y la asignacin de recursos econmicos necesarios para el aprovechamiento de sus propios bienes naturales destinados a su beneficio, en lugar de dar entrada a las concesiones a terceros.




    As tambin, todos los programas u obras sociales que funcionarios, partidos, asociaciones o sectas religiosas quieran realizar en territorio de los pueblos originarios debern ser aprobadas por el CPOM. De la misma manera, ste tendra el control de los recursos federales y estatales asignados en materia indgena. Sobre ello cabe advertir que sta instancia bien puede construir una relacin centralista y correr el riesgo de reproducir la subordinacin econmica y poltica en la que han vivido las comunidades indgenas. De manera que, se hace necesario repensar el modelo, para que la toma de decisiones incluya mecanismos menos centralizados y ms democrticos, abiertos o participativos.




    En general, sobre la concepcin del CPOM surge otra interrogante Se necesita un consejo especializado en asuntos indgenas que concentre/desdoble todas las polticas sectoriales referidas a indgenas o ms bien una presencia/participacin indgena transversal en todos los rganos de poltica sectorial del estado? Igual de importante es plantear el punto de cmo lograr una coherencia o articulacin entre polticas sectoriales para obtener una eficacia global, tanto en lo que se refiere a los indgenas como a la poblacin en general. Esta cuestin es materia de debate para los movimientos indgenas en Amrica Latina. Segn algunos movimientos la creacin de consejos (u otras entidades de este tipo como Ministerios de Asuntos Indgenas) constituye una forma de neo-indigenismo, por tanto lo que importa es cambiar integralmente el modelo de desarrollo vigente, para incluir valores e intereses indgenas (Documento de trabajo, 2003).




    Propuestas de los asesores: El Mnimo de reformas, el mximo de atribuciones.




    A recomendacin del responsable de la Comisin la propuesta de reforma constitucional deba elaborarse tomando en cuenta las siguientes premisas: 1) hacer el mnimo de reformas y buscar el mximo de atribuciones; 2) que tenga viabilidad de ser consensuada entre las distintas fracciones parlamentarias; 3) que responda a las demandas y particularidades de los pueblos indgenas en el estado; 4) que recoja el espritu del Convenio 169 de la OIT, de los acuerdos de San Andrs y de la Cocopa; y 5) que sea ms avanzada que la de Oaxaca. Como vemos, premisas difciles de cumplir ante el acotado marco jurdico federal.




    Uno de los asesores present prcticamente una copia de la entonces recin aprobada reforma constitucional de San Luis Potos,[18] bajo el argumento de que era la ms avanzada y que, adems, constitua una prueba de que jurdicamente era posible dada su aprobacin por el Congreso de ese estado.




    La propuesta se centra nicamente en el artculo 3ero de la constitucin de Michoacn, siguiendo el modelo de la reforma federal, sin que exista coherencia con el resto del cuerpo de la constitucin, es decir, de las reformas necesarias en otras materias que garanticen el ejercicio de tales derechos. Este artculo se encuentra en un apartado declarativo titulado: De las garantas individuales y sociales, con lo cual se presenta la confusin de s los derechos colectivos estn siendo concebidos como derechos sociales, de ser as, se estara diluyendo la posibilidad del reconocimiento pleno de los derechos colectivos de los indgenas.




    Sobre lo anterior no est por dems aclarar que los derechos sociales y colectivos no son la misma cosa, los primeros se refieren a los derechos que tenemos todos los miembros de una sociedad, a los mnimos necesarios para el bienestar y para una vida digna, mientras que los segundos aluden al derecho que tienen los miembros de grupos diferentes a tener derechos diferentes que garanticen su supervivencia no slo cultural, sino tambin econmica, social y poltica (Kymlicka, 1996). Como bien lo seala Lpez Brcenas: Otra observacin que hay que formular a esta norma constitucional (de Oaxaca) es que identifica los derechos de los pueblos indgenas como sociales y no colectivos, siendo que son cosas distintas. Y aunque en la ley reglamentaria se explica que los derechos sociales son colectivos, no se aclara que se entiende por stos, en un circulo vicioso donde lo colectivo es social y lo social es colectivo (Lpez, 2002: 159). Por su parte, la obra clsica de Thomas Marshall (1950) define los derechos sociales como los derechos a la educacin y los servicios sociales que aseguran una vida digna y un cierto grado de bienestar. Los derechos sociales, por lo tanto, son derechos individuales que debieran dar contenido a los Estados de bienestar.




    El nico asunto que no se copi de la de reforma de SLP fue el que dice a la letra: El Estado reconoce los derechos de los pueblos indgenas y sus comunidades a la libredeterminacin bajo el principio de subsidiariedad y complementariedad en correspondencia con el marco del orden jurdico vigente.[19]




    Una de las cuestiones que merecen resaltarse de la propuesta es que va ms all de lo establecido en la reforma federal, en cuanto al reconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho pblico, con personalidad jurdica y patrimonios propios, lo cual no ha sido, hasta el momento, materia de controversia constitucional. Sera interesante conocer cmo se traduce en la prctica el ejercicio de tal derecho. En otros aspectos se apega de manera literal a lo establecido por la reforma federal, como la asociacin comunal slo en el mbito municipal; la regulacin de los recursos naturales por parte del Estado; el acceso a la justicia, entre otros.




    Algunas de las observaciones que pudiramos mencionar en trminos muy generales son las que se refieren a la estructura interna de las comunidades que se definen de manera homognea como: asamblea general, diversos cargos y jerarquas, cuando pudiera formularse en trminos ms abiertos, es decir, con la posibilidad de reconocer diferentes formas de organizacin social que existen en las comunidades indgenas, como por ejemplo, la organizacin barrial. Otro punto es el que otorga como un derecho la designacin de un representante ante el ayuntamiento, igual que en la reforma federal, lo cual es significativo puesto que puede constituir un mecanismo que garantice que el sentir e inters de la comunidad sean escuchados en el ayuntamiento. Sin embargo, nos parece que debiera ir ms all, es decir, si a ese representante se le da voz y voto entonces s se garantizara una participacin ms efectiva, de otro modo, queda a criterio del ayuntamiento.[20] Uno ms es el relativo a la definicin de planes y programas de desarrollo, designacin de presupuestos, administracin y ejecucin, asunto que no es muy claro, porque en un apartado incluye la participacin de las comunidades en estos mbitos y en otros las limita slo a consulta.




    Por su parte, la otra propuesta que se present en la Comisin pretendi crear puntos de conciliacin entre la propuesta anterior, la del Colmich y la reforma federal, sobre la base de la constitucin de Michoacn. Recogi la idea de que es necesario proponer reformas a una serie de artculos comprendidos en varios ttulos y captulos de la constitucin. Slo mencionaremos, de manera muy rpida, algunas consideraciones generales que den idea de esta bsqueda de crear puentes entre las propuestas, para centrarnos ms adelante al anlisis de la versin final de la propuesta. En primer lugar, slo reconoce la existencia de los pueblos indgenas: Nahua, Mazahua, Purhpecha y ah. Recupera la definicin de comunidad establecida en la reforma federal. Retoma el reconocimiento de la comunidad con personalidad jurdica de derecho pblico de la de SLP, la facultad de voz y voto de los representantes ante los ayuntamientos, del Colmich y la reconfiguracin municipal y distrital, de la ONP y de El Colmich.




    Propuesta del equipo del Colmich




    Algunos de los puntos bsicos de esta propuesta se centran sobre cules son las reformas necesarias en materia indgena y en qu nivel legislativo deben hacerse: Constitucin, legislacin primaria y/o secundaria. Es decir, sin necesidad de reglamentar todo en el plano constitucional, si hace falta asegurar para no tener un marco jurdico contradictorio- que aquello que se establezca en la legislacin secundaria no se oponga con lo establecido en la primaria y en el marco constitucional. Otra cuestin fundamental en el debate es establecer si lo que se necesita es una Ley indgena que comprenda como una lista de derechos indgenas, o ms bien una serie de reformas de la legislacin existente de manera transversal. En nuestra opinin, es importante que en Michoacn no se trate de hacer una reforma profunda a partir de una sola nueva ley, sino modificando tambin el resto del marco legal en un vasto conjunto de leyes, como la legislacin municipal, la electoral, la del poder judicial, la de la planeacin y desarrollo, la de salud, entre otras. Adems de que, los derechos indgenas establecidos en la parte dogmtica deben plasmarse y concretarse de alguna manera en la parte orgnica a fin de que sean realmente operativos (Documento de trabajo, 2004).




    En la propuesta se consider el contenido del Convenio 169 de la OIT, que es ley suprema en nuestro pas, se trat de recuperar lo establecido por los Acuerdos de San Andrs, pero principalmente, se busc retomar las propuestas indgenas presentadas en las mesas de trabajo. Al mismo tiempo, se pretendi desde una perspectiva no complementaria sino constituyente de un mismo proceso el reconocimiento del derecho a la diferencia de los pueblos indgenas y el reconocimiento del derecho a la igualdad, es decir, el derecho a la redistribucin (Fraser, 1997; Rosaldo, 2000; Bauman, 2003, 93; Daz Polanco, 2004: 34). En ese sentido, la propuesta contiene una orientacin social, esto es, la creacin de un Estado Social de Derecho.


    Se plante una reestructuracin de manera integral a la constitucin de Michoacn. La integracin de un Ttulo preliminar o un Prembulo declarativo de disposiciones generales para: I. Declarar el Estado de Michoacn un Estado Social de Derecho y, II. Reconocer la composicin pluritnica y multicultural de la poblacin de forma general. La divisin de un captulo en dos: uno de las garantas individuales y sociales, y otro especfico del derecho de los pueblos y comunidades indgenas a la libre determinacin.




    Se reconoce la composicin pluritnica y multicultural de los cuatro pueblos originarios, adems de la presencia de indgenas pertenecientes a otros pueblos que residan temporal o permanentemente dentro del territorio del Estado.




    Se otorga a las comunidades indgenas personalidad jurdica de derecho pblico y se les reconoce derechos polticos, sociales, econmicos, culturales, jurisdiccionales y territoriales especficos. Se garantiza su derecho a la libre determinacin y, en consecuencia, al ejercicio de su autonoma para:



      [*]Proponer la creacin de municipios;
      [*]Utilizar tierras no exclusivamente ocupados por ellos, pero a las cuales tradicionalmente han tenido acceso para la realizacin de sus ceremonias y rituales, como parte de su derecho a la territorialidad;[21]
      [*]Otorgar su consentimiento y manifestar su conformidad con la indemnizacin material y econmica, en caso de expropiacin o desplazamiento;
      [*]Ser consultados por el Estado en caso de emprender o autorizar cualquier programa de prospeccin o explotacin de los recursos existentes en sus territorios. As como, a participar de los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnizacin equitativa por cualquier dao que puedan sufrir como resultado de esas actividades;[22]
      [*]Participar en la elaboracin de los planes estatal y municipal sobre el desarrollo integral. En el mbito de sus respectivas competencias, el estado y los ayuntamientos establecern equitativamente las partidas especficas en los presupuestos de egresos que se requieran para cumplir los planes de desarrollo integral para las comunidades y municipios indgenas, as como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en su elaboracin, ejercicio y vigilancia.[/list]


      Se reconocen las formas propias de gobierno de los pueblos, municipios y comunidades indgenas y se garantiza su representacin en los ayuntamientos y el poder legislativo estatal. Los municipios y las comunidades indgenas determinarn las formas y mecanismos de eleccin de sus autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas de gobierno, sin la intervencin de los partidos polticos. Adems, los gobiernos municipales y comunales electos bajo normas de derecho consuetudinario no tendrn filiacin partidista.




      Se propone una redistritacin electoral atendiendo criterios territoriales, demogrficos y culturales, a fin de garantizar una representacin poltica indgena equitativa ante el poder legislativo local y federal. Se otorga el derecho de contar con cuatro diputados representantes de los pueblos indgenas, quienes sern electos conforme a las formas y mecanismos de eleccin que determinen.




      En materia judicial, el reconocimiento de las autoridades comunales como parte del poder judicial del estado; quienes debern proceder de acuerdo a sus normas, procedimientos y prcticas, respetando los derechos humanos y la dignidad de la persona, en una relacin de coordinacin entre la jurisdiccin indgena y la estatal. La designacin por parte del Supremo Tribunal de Justicia de una Sala de Conjueces, con especialistas en derecho indgena nombrados por un colegio electoral. En todos los casos en que el Supremo Tribunal de Justicia deba resolver un conflicto en que sean parte los indgenas o sus colectividades, de cualquier grado, deber incorporar dos de los conjueces al Pleno que vaya resolverlo.




      Se agrega a las facultades del Congreso la aprobacin de la creacin de municipios indgenas, reduciendo los requisitos establecidos. Los municipios indgenas podrn[23] elegir y disear su forma de gobierno de manera autnoma. Se consagra a los gobiernos de las comunidades indgenas o municipios indgenas personalidad jurdica para todos los efectos legales. Se otorga el derecho en los municipios con poblacin indgena a elegir en trminos proporcionales representantes, con voz y voto, ante los ayuntamientos. Al mismo tiempo, se reconoce que los municipios y comunidades podrn coordinarse y asociarse entre s o con los de otras Entidades Federativas.




      Respecto a los indgenas que viven en las ciudades se propone que las autoridades municipales, en coordinacin con los distintos rdenes de gobierno, garanticen el pleno acceso de los indgenas a los servicios sociales, educativos y de salud culturalmente adecuados y diseados y operados con la participacin de los interesados.




      En materia educativa se reconoce que sta debe ser intercultural en todos los niveles y fomentar la conciencia de la composicin multicultural y pluritnica de la poblacin mexicana y la convivencia y solidaridad intercultural. Adems, deber ser bilinge en las regiones con presencia de pueblos o comunidades indgenas.




      As tambin se propone conformar una Junta de Conciliacin Agraria con funciones exclusivamente conciliatorias para los conflictos agrarios. Con la idea de se obligue al gobierno estatal a destinar un fondo que pueda servir para el pago de indemnizaciones, a modo de resarcir un poco el sentimiento de prdida y contribuyendo a la composicin amigable y a los no resentimientos.[24]




      Por ltimo, otro de los puntos que nos parece importante mencionar es el que se reconoce el derecho de las comunidades y pueblos indgenas a la consulta efectiva conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT.




      Cabe aclarar, que no hemos incluido todas las propuestas, slo hemos mencionado las que nos parecen pueden contribuir al debate.




      Versin final de la Propuesta de la Comisin.




      Finalmente se redact una propuesta que incluye una serie de artculos, tanto en la parte declarativa como en la operativa de la constitucin. Evidentemente, no se recogi la propuesta de reestructurar toda la constitucin, ni de declarar el estado de Michoacn como un Estado Social de Derecho. Los cambios se centraron fundamentalmente en el artculo 3ero.




      No se reconoce la existencia de indgenas pertenecientes a otros pueblos indgenas, slo a los cuatro pueblos originarios. Se otorga a las comunidades indgenas personalidad jurdica de derecho pblico y se les reconoce derechos polticos, sociales, econmicos, culturales, territoriales y jurisdiccionales especficos; se garantiza su derecho a la libre determinacin y, en consecuencia, al ejercicio de su autonoma, entre otros aspectos establecidos por la reforma federal, para:



        [*]Decidir sus formas internas de convivencia y organizacin social, econmica, poltica y cultural.
        [*]Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulacin y solucin de sus conflictos internos, respetando los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecer los casos y procedimientos de validacin por los jueces o tribunales correspondientes.
        [*]Elegir a los ayuntamientos, en los municipios indgenas, conforme a sus normas, procedimientos y prcticas tradicionales, y decidir la estructura municipal que ms se apegue a su cultura y a su organizacin social y poltica.
        [*]Elegir, en los municipios en donde haya poblacin indgena, representantes con voz y voto ante los ayuntamientos.
        [*]Acceder al uso, goce y disfrute de los territorios que habitan y ocupan, as como al control, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales que en ellos se encuentren, salvo aquellos que corresponden a las reas estratgicas, en trminos de la Constitucin federal, en cuyo caso debern participar de los beneficios y recibir una indemnizacin para compensar los daos de orden ambiental, econmico, social o cultural que resulte de su explotacin.[/list]


        Se retoma casi de forma integra el apartado B del artculo 2do de la Constitucin federal. Como bien lo ha observado Magdalena Gmez (2003) con referencia a la reforma federal de 2001, se ratifica la poltica indigenista con base en un listado de programas sociales que dan continuidad a esta orientacin asistencialista por parte del Estado.




        Respecto a la definicin de presupuesto para el cumplimiento de tales acciones, el Congreso y los ayuntamientos sern quienes aprueben los presupuestos, dejando de lado la participacin de las comunidades, a quienes se les constrie su ejercicio y vigilancia.




        Sobre el poder legislativo se recoge la propuesta de cuatro diputados representantes de los pueblos originarios, al igual que la redistritacin electoral. Sobre la participacin de los partidos polticos se resolvi con la redaccin sin la necesaria participacin de los partidos polticos, es decir, dejando abiertas las posibilidades.




        En lo que se refiere a los municipios indgenas, se incluye como facultad del Congreso su aprobacin y, se reducen los requisitos para estos casos. En materia de jurisdiccin indgena, sta se ejercer por las autoridades comunitarias de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indgenas, dentro del marco del orden jurdico vigente y en los trminos que determine la ley reglamentaria.




        De la justicia se retoma lo que seala la reforma federal: asegurar a los indgenas el acceso efectivo a la proteccin jurdica que el Estado brinda a todos sus habitantes. En los juicios en que un indgena sea parte, las autoridades se asegurarn, de que los procuradores de justicia y los jueces sean hablantes de la lengua nativa o, en su defecto, cuenten con un traductor bilinge y se tomarn en consideracin dentro del marco de la ley vigente, su condicin, prcticas y costumbres, durante el proceso y al dictar sentencia. Cuando los procesados sean indgenas, se les proporcionar asistencia con defensores de oficio hablantes de su lengua nativa, que ellos designen o acepten, quienes los patrocinarn en los asuntos civiles y administrativos que les soliciten.




        Esta versin de la propuesta todava fue discutida con el gobernador, hasta que finalmente el 14 de octubre de 2004 el presidente de la Comisin de Cultura Indgena en el Congreso la present como una Iniciativa del PRD.




        El proceso en el Congreso y el desenlace.




        Intentaremos hacer una semblanza muy general de los momentos ms importantes que contribuyan a dar cuenta del por qu la Iniciativa no fue aprobada. Una vez presentada como Iniciativa del PRD se someti a consideracin de la Comisin de Cultura Indgena, en donde tambin sufri algunas modificaciones. Con ello inicio una dura y desgastante labor de cabildeo por parte del presidente de la Comisin de Cultura Indgena, quien desde las reuniones en la Comisin para la Reforma mostr siempre su inters y compromiso, hasta el ltimo momento.




        Durante la labor de convencimiento y negociacin, algunos de los puntos que causaron ms controversia entre los legisladores fueron, a decir de uno de ellos: 1) La redistritacin electoral y la representacin indgena, sobre lo cual se argumentaba, por qu hay que darles un espacio a los indgenas, que luchen igual que los dems, 2) La creacin de municipios indgenas, porque se considera que generara ms burocracia y la distribucin del presupuesto sera entre ms municipios y, 3) En materia de justicia, porque no se puede dar autonoma judicial, toda autoridad judicial debe depender del Tribunal Superior de Justicia del Estado (entrevista a exdiputado del PT, 19/04/05).




        Una vez logrado cierto consenso entre las fracciones parlamentarias[25], el 4 de noviembre de 2004 se turn la Iniciativa a las Comisiones de Gobernacin, Puntos Constitucionales y Cultura Indgena, para su estudio, anlisis y dictamen. La Iniciativa comprende la reforma a varios artculos en la parte declarativa, orgnica y operativa de la legislacin estatal. E incluy, a diferencia de la anterior, el reconocimiento y proteccin de indgenas pertenecientes a otros pueblos indgenas con presencia en territorio del estado. Por otra parte, mantuvo muchos de los puntos de la versin anterior, salvo: los cuatro diputados representantes de los pueblos indgenas; la redistritacin electoral; el proceso de eleccin sin la necesaria participacin de los partidos polticos; el derecho de las comunidades a decidir la estructura de gobierno municipal y a elegir, de acuerdo a sus costumbres, al ayuntamiento. Mientras que, los puntos que se preservaron fueron: la creacin de municipios, pero con cambios importantes; el reconocimiento de la personalidad jurdica de derecho pblico de las comunidades; el derecho de elegir representantes ante los ayuntamientos con voz y voto y el de la asociacin de las comunidades ms all del mbito municipal; aunque no queda del todo claro, porque en el apartado de Antecedentes se menciona ese derecho y en la redaccin del Decreto se acota al mbito municipal.




        Con este contenido se decidi presentar la Iniciativa al pleno del Congreso para su discusin el 16 de diciembre de 2004, con el acuerdo previo por parte de todas las fracciones parlamentarias de que sera aprobada. Sin embargo, un da antes miembros de la ONP acudieron al Congreso a manifestar su desacuerdo y a solicitar que se retirara del orden del da la discusin de la iniciativa hasta en tanto no se les explicara el contenido y tuvieran posibilidad de incidir en los cambios. A lo cual accedieron representantes de las fracciones parlamentarias.




        De todas maneras la ONP acudi el 16 de diciembre al Congreso e irrumpi en la sesin para cerciorarse de que efectivamente fuera retirado el punto del orden del da, lo cual fue aceptado por los representantes de los partidos, ambas partes acordaron realizar una reunin en la que se explicara a detalle la Iniciativa. Mientras esto suceda en el Congreso, en la Coordinacin interinstitucional se reuni a los miembros del Consejo Consultivo a quienes se les solicit que firmaran un documento en apoyo a la Iniciativa, en su calidad de representantes de los pueblos indgenas de Michoacn.




        A la reunin programada con la ONP slo acudieron los legisladores del PRD, a pesar de que fue un acuerdo con el PAN y PRI. La ONP centr su participacin en descalificar la Iniciativa sin presentar propuestas especficas de redaccin, adems de dejar claro que no permitira su aprobacin bajo el argumento de que no se respet lo expuesto en las mesas de trabajo y porque no responde a los Acuerdos de San Andrs y que frente a esta propuesta mejor vala quedarse como estaban: De eso a nada, mejor nada.




        De esta forma la discusin de la Iniciativa se pas a enero de 2005. Por su parte, las Organizaciones y Profesionistas Indgenas Purhpechas y la ONP, elaboraron un documento titulado, Veinte elementos de inconsistencia y de total desacuerdo en el cual se manifiesta que el proceso fue fragmentado y que la propuesta no se dio a conocer a las comunidades. Se cuestiona el contenido de la Iniciativa sealando que la reforma es cosmtica, que no tiene validez prctica, que es una copia de la reforma federal, que no se define el mbito de autonoma y que se mantiene la tutela estatal.




        Ante este panorama poco propicio para la aprobacin, la Comisin Interinstitucional convoc, como un ltimo intento, a una sesin del Consejo Consultivo en la que se buscara obtener apoyo a favor de la Iniciativa, con el fundamento de que esa es una de sus facultades. En dicha reunin se expuso de manera muy general y rpida la Iniciativa, por lo que varios representantes manifestaron que no entendan y que requeran tiempo para analizarla y darla a conocer a los miembros de sus comunidades, slo un representante que a su vez es miembro de la ONP cuestion el contenido; sin embargo, otros ms sealaron que no haba tiempo y que ms vala aprovechar la oportunidad, por lo que el secretario tcnico de la Coordinacin Interinstitucional hbilmente lo someti a votacin, acordndose por unanimidad respaldar la Iniciativa.[26]




        Con este apoyo, de algn modo, se legitim la propuesta y se decidi entonces volver a promover su discusin en el pleno del Congreso para el 11 de enero. No obstante, ese da de nueva cuenta asistieron miembros de la ONP acompaados ahora por integrantes de la NPZ, quienes irrumpieron en la sesin del Congreso para pronunciar en voz alta su desacuerdo y para pedir que no fuera materia de discusin. El punto se suspendi hasta en tanto se efectuar otra reunin con las organizaciones, la cual se realiz ese mismo da por la tarde, en la que finalmente las partes, organizaciones y representantes de las fracciones parlamentarias, acordaron ya no presentar en definitiva la Iniciativa, adems, porque operativamente ya no era posible en virtud de que el periodo legislativo venci el 15 de enero. Dejando tal encomienda para la siguiente legislatura.




        Algunas consideraciones




        De manera muy general, podemos decir que desde el diseo del proceso se fue anunciando el fracaso de la propuesta de reforma constitucional en materia indgena: al no incorporar desde un inicio a representantes indgenas; al no realizar previamente talleres comunales de informacin sobre documentos de derecho internacional y nacional en materia indgena, as como referentes bsicos como los Acuerdos de San Andrs y la propuesta Cocopa, entre otros; al no realizar un serio y profundo proceso de consulta con el tiempo suficiente para ello; al no hacer pblico el contenido completo de la Iniciativa que hubiera permitido su discusin, anlisis y consenso; aunado, entre otras cosas, al poco inters y compromiso que mostr el ejecutivo local durante el proceso, as como a las posiciones etnocntricas de diputados del PRI, PAN, PT y de algunos del PRD, que no estuvieron dispuestos a aprobar una legislacin que contemplar un avance sustancial en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indgenas en el estado.




        A pesar de todo ello y de lo restringido de la reforma federal consideramos que es posible avanzar en el terreno legislativo en algunos puntos, como: la redistritacin electoral y la remunicipalizacin, que no implican necesariamente una reconfiguracin del orden poltico administrativo existente y si contribuiran a sentar las bases de una reconfiguracin poltica en el estado y en el congreso, que permitira desde otras condiciones demandar otras reformas. Adems, constituiran mecanismos claros que permitiran el ejercicio de ciertos derechos polticos, el de la representacin y participacin poltica, as como, la posibilidad de construir un gobierno municipal ms democrtico y participativo.




        Otra reforma sera en materia municipal, que contemple ms facultades a los municipios para definir planes y programas de desarrollo regional, pero tambin la ejecucin, vigilancia y administracin de los recursos, con la participacin de las comunidades en todo el proceso; que no es lo mismo que se tomar en consideracin la opinin de las comunidades en las decisiones del ayuntamiento. As tambin, nombrar representantes con voz y voto ante los ayuntamientos en municipios con poblacin indgena, que no se contrapone a la creacin de una Comisin de Asuntos Indgenas.




        De igual forma, algunos aspectos son jurdicamente viables en virtud de que han sido aprobados en otros estados y no han sido materia de controversia constitucional. Por ejemplo, la creacin de una instancia estatal encargada de promover la conciliacin y concertacin entre las comunidades indgenas para la solucin definitiva de los conflictos de lmites.[27] La eleccin de los ayuntamientos por usos y costumbres, sin la necesaria participacin de los partidos polticos.[28] El reconocimiento de los Pueblos y comunidades indgenas como sujetos de derecho pblico.[29] La asociacin de Pueblos y comunidades indgenas entre s, en el mbito intra e intermunicipal.[30] O bien, aunque no de manera explcita, el reconocimiento de la comunidad como un cuarto de nivel de gobierno, como lo hizo la legislatura de Tlaxcala.[31]
        Desde luego, no hay que dejar de pugnar por una reforma de la reforma que comprenda al mismo tiempo tanto el conjunto de derechos de los pueblos indgenas de nuestro pas, es decir, el reconocimiento constitucional del derecho a la diferencia, as como, e igual de importante, el reconocimiento del derecho a la redistribucin para toda la sociedad en general.








        Citas:


        [img]posted_img_thumbnail.php?pic_id=http%3A%2F%2Fwww.p urhepecha.com.mx%2Ffiles%2Fposted_images%2F2%2Fma_ del_carmen_ventura.jpg[/img]


        [1] Ma. Del Carmen Ventura Patio, Profesor-investigador del Centro de Estudios de Geografa Humana de El Colegio de Michoacn, ventura@colmich.edu.mx.
        Licenciatura en Sociologa: Universidad Nacional Autnoma de Mxico (Mxico,D.F.) Maestra en estudios Rurales: El Colegio de Michoacn A.C. (Michoacn, Mxico) Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropologa Social: Centro de Investigacin y Estudios Superiores en Antropologa Social (Ciesas-Occidente)




        [2] Este trabajo es fruto del proceso de investigacin que se realiza en El Colegio de Michoacn, en el marco del proyecto Pueblos indgenas y reforma del Estado en Amrica Latina que cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONACyT), Mxico, (Proyecto, Nm. 45173). Es pertinente aclarar que parte del contenido del presente documento es resultado de un trabajo conjunto con el Dr. Willem Assies y el Dr. Luis Ramrez, sin embargo, la orientacin y afirmaciones son completa responsabilidad ma.




        [3] De aqu en adelante nos referiremos como la Comisin.




        [4] Artculo 37 de la Ley Orgnica Municipal de Michoacn, Peridico Oficial, 31 de diciembre de 2001.




        [5] Artculo 90 de la Ley Orgnica Municipal de Michoacn, Peridico Oficial, 31 de diciembre de 2001.




        [6] Artculo 91 de la Ley Orgnica Municipal de Michoacn, Peridico Oficial, 31 de diciembre de 2001. Las cursivas son mas.




        [7] De aqu en adelante slo nos referiremos como la Coordinacin Interinstitucional.




        [8] Nacin Purhpecha Zapatista es una escisin de la ONP.




        [9] Foros de autodiagnstico, Resumen de propuestas para la integracin del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacn.




        [10] De aqu en adelante nos referiremos como Consejo Consultivo.




        [11] El Consejo fue instalado formalmente por el gobernador Lzaro Crdenas el 26 de mayo del 2003, Peridico Sociedad, 27 de mayo del 2003, p. 11.




        [12] Fracciones I y V del artculo 10, Peridico Oficial, lunes 9 de septiembre de 2002.




        [13] El equipo lo conforman los Drs. Luis Ramrez Sevilla, Willem Assies y la autora de este documento.




        [14] Aunque cabe aclarar que el gobierno del estado nunca realiz una invitacin formal, sino que de alguna manera asinti que ya estbamos ah.




        [15] 8 de mayo de 2004.




        [16] Cabe aclarar que desde la organizacin de los Foros de Consulta el equipo de El Colmich ya no particip en los trabajos de la Comisin.




        [17] Propuesta de Ley de Derechos de los Pueblos Originarios de Michoacn, Relaciones 90, Primavera 2002, Vol. XXIII, El Colegio de Michoacn, Zamora, Michoacn, Pp.185-199.




        [18] Peridico Oficial de San Luis Potos, 11 de julio de 03.




        [19] Artculo 9, fraccin V de la Iniciativa de Reforma Constitucional de San Luis Potos, Peridico Oficial, 11 de julio de 2003.


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    Re: Crnica de una reforma indgena fallida en Michoacn



    [20] Durante las mesas de trabajo en Michoacn, un indgena comparti su experiencia ocurrida en el municipio de Uruapan, donde una vez que la presidenta municipal accedi, despus de presionarla, a respetar el derecho establecido en la constitucin federal de nombrar a un representante ante el ayuntamiento, ella lo mand a barrer (Artculo 2do, fraccin VII, Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos).




    [21] Derecho establecido en el artculo 14 del Convenio 169 de la OIT.




    [22] Artculo 15, punto 2 del Convenio 169 de la OIT. Se elimina el derecho (la obligacin) de conservar el hbitat.




    [23] Mediante plebiscito.




    [24] En trminos generales, los conflictos agrarios en Michoacn involucran a 17 municipios, 62 comunidades, 246 mil hectreas, lo que comprende ms o menos el 48% del total de la superficie comunal en el estado. De los 22 focos rojos reconocidos oficialmente en el pas, 4 se ubican en el estado de Michoacn, slo uno de ellos comprende toda la meseta purhpecha (Sntesis de informacin/noticias INI, 15 de octubre de 2002) y datos propios.




    [25] La LXVIII Legislatura en Michoacn se conform por 17 diputados del PRI, 17 del PRD, 5 del PAN y 1 del PT. www.congresomich.gob.mx/diputados/diputados.html


    [26] La Jornada de Michoacn, 9 de enero de 2005.




    [27] Artculo 19, Ley de derechos de los Pueblos y Comunidades Indgenas del Estado de Oaxaca.




    [28] Artculo 109, Cdigo de Instituciones Polticas y procedimientos electorales de Oaxaca.




    [29] Artculo 16, Constitucin del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.




    [30] Artculo 113 fraccin V, Constitucin del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.




    [31] Artculo 87, Constitucin del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Ver Ley Orgnica Municipal del Estado de Tlaxcala.



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